Un interno del Complejo Penitenciario Federal NOA III de la localidad salteña de General Güemes fue condenado a 6 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por haberse cometido en un lugar de encierro. La pena fue unificada con una condena anterior y quedó establecida en 8 años y 6 meses de prisión.

La decisión fue adoptada el 27 de agosto pasado por el juez federal de la Sala I del Tribunal de Revisión, Santiago French, quien homologó el acuerdo pleno presentado por el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo José Villalba, y la defensa oficial. El condenado, David Gabriel Moreno, además fue declarado reincidente por segunda vez.

Moreno tenía vínculos con una organización narcocriminal que operaba dentro de esa cárcel federal y que fue desbaratada a partir de una investigación de la Fiscalía de Distrito Salta, encabezada por Villalba y con la intervención de la auxiliar fiscal Roxana Gual. En junio de 2025, ocho internos y una mujer fueron imputados por integrar una estructura dedicada al ingreso y comercialización de estupefacientes dentro de la unidad penitenciaria.

La droga secuestrada

La investigación por la que Moreno fue condenado comenzó a partir de dos hechos ocurridos dentro del complejo penitenciario.

El primero tuvo lugar el 18 de agosto de 2024, cuando personal penitenciario advirtió que el interno regresaba del salón de visitas hacia el sector Polimodal de Tratamiento, Pabellón A, con un bulto oculto a la altura de la cintura. Durante la requisa, realizada con control judicial, se encontraron 114 gramos de marihuana y más de 30 gramos de cocaína.

El segundo hecho ocurrió el 18 de febrero de 2025. En esa oportunidad, durante un control mediante el sistema de “body scan” (escaneo corporal), se detectó que Moreno llevaba otro envoltorio que contenía 82 gramos de marihuana.

La investigación penal seguida contra Moreno fue formalizada por la fiscalía el 27 de febrero pasado. El peritaje químico determinó que la cantidad total de estupefacientes secuestrada en ambos procedimientos equivalía a más de 2.700 dosis.

De acuerdo con la acusación, además de los elementos secuestrados, la fiscalía reunió declaraciones testimoniales y datos extraídos del teléfono celular del imputado que permitieron acreditar sus vínculos con la organización dedicada a la comercialización de drogas dentro del penal.

El acuerdo y la unificación de penas

El 29 de julio pasado, durante la audiencia de control de la acusación, la defensa manifestó su intención de arribar a una solución alternativa del conflicto, en los términos previstos por el Código Procesal Penal Federal (CPPF).

El 12 de agosto, el fiscal general Villalba presentó ante el juez federal de Revisión Guillermo Elías (de la Sala II) los términos del acuerdo. Propuso una pena unificada de 8 años y 6 meses de prisión, además de la declaración de reincidencia por segunda vez.

Indicó que, más allá de la conformidad dada por el acusado, “hay suficientes pruebas que acreditan su responsabilidad penal”, entre las que mencionó las declaraciones de testigos y datos extraídos de su celular, que confirman su vínculo con una red de venta de drogas que operaba en esa unidad carcelaria.

Al respecto, recordó la caótica situación que prevalecía en el Complejo NOA III a partir del dominio que había alcanzado una organización narcocriminal interna, lo que motivó, en junio del año pasado, un inédito allanamiento sorpresivo, con un gran número de gendarmes.

“Apenas comenzó la medida, se pudo ver cómo volaba por las ventanas de las celdas, la droga que corría entre los internos”, señaló el fiscal al recordar aquel operativo que fue registrado en videos con cámaras de un dron.

La fiscalía sostuvo que el acuerdo se ajustaba a las previsiones del artículo 323 del CPPF y que permitía dar una respuesta al conflicto sin desconocer la responsabilidad penal del imputado. También destacó que existían elementos de prueba suficientes para acreditar su participación, entre ellos declaraciones testimoniales y la información obtenida de su teléfono.

Para determinar la pena acordada, se partió de la pena de 6 años de prisión —establecida como límite para un acuerdo pleno, según establece el artículo 323 del CPPF—, que correspondía al nuevo hecho, a lo que se sumaron los otros dos años y seis meses, en la unificación con la pena anterior, impuesta el 7 de noviembre de 2023 por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Moreno manifestó conocer los términos del acuerdo y prestó su conformidad con la pena propuesta.

La controversia sobre la unificación

El juez Elías no homologó inicialmente el acuerdo en los términos planteados por las partes.

Ponderó la labor del MPF de combatir la comercialización de drogas dentro del penal, pero en cuanto a la situación de Moreno, dio a entender que, pese a ser reincidente por segunda vez, el acuerdo le era por demás favorable.

Consideró que el límite previsto para este tipo de acuerdos era de seis años de prisión y sostuvo que la unificación con la condena anterior debía ser resuelta por el juez de ejecución.

En consecuencia, impuso la pena de seis años de prisión y difirió la unificación.

La fiscalía impugnó esa decisión al considerar que modificaba los términos del acuerdo celebrado con el imputado y podía resultar más gravosa para él. “Moreno es culpable y debe responder”, pero no “podemos tampoco desconocerle su derecho a esta solución alternativa”, señaló la fiscalía. La defensa también acompañó el planteo.

Al revisar la decisión, el juez French hizo lugar a la impugnación y homologó el acuerdo en los términos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, por lo que fijó la pena única en 8 años y 6 meses de prisión.

El magistrado señaló que la cuestión relativa a la unificación de penas presenta dificultades interpretativas, particularmente respecto del método que corresponde aplicar para determinar la pena única.

En ese sentido, analizó las disposiciones del artículo 58 del Código Penal (CP) y distintos artículos del CPPF vinculados con los acuerdos, la unificación y la ejecución de las penas.

French sostuvo que, cuando existe una condena firme y un nuevo pronunciamiento que debe dictarse respecto de la misma persona, corresponde que el juez que dicta la última sentencia realice la unificación. Cuando “hay un juez activo que está dictando la última sentencia, debe unificar y no diferir”, sostuvo al resolver el planteo. Por ello, concluyó que no correspondía diferir esa decisión para la etapa de ejecución.

El magistrado también señaló que los hechos por los que Moreno fue condenado son anteriores a la reforma normativa del artículo 58 del Código Penal de marzo de 2025 que modificó las reglas aplicables a la determinación de las penas unificadas y cambió el sistema de composición (estimación judicial global) por el de la suma aritmética estricta.

La inflación de agosto fue del 1,7%, informó el jueves 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses. Se trata de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio, verificándose un descenso de la variable.

Es el ritmo mensual más bajo para un mes de agosto desde 2017. Para encontrar una variación mensual inferior en lo que va de la gestión de Javier Milei, hay que remontarse a junio de 2025, cuando el índice había marcado 1,6%.

Según el desglose difundido por el organismo, la inflación núcleo, que refleja con mayor precisión la dinámica de fondo de los precios, fue de 1,8% en el mes. Los precios estacionales cayeron 0,9%, mientras que los regulados subieron 2,2%. Caputo destacó además que la división de indumentaria registró una baja de 0,6%, la segunda consecutiva, y que la media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, con una caída de 0,1 punto respecto de julio, la quinta reducción consecutiva.

El año había comenzado con un fuerte rebrote inflacionario: en marzo se había registrado el pico de 2026, con una suba de 3,4%, impulsada por la incertidumbre cambiaria previa a las elecciones legislativas de octubre y por el cambio de esquema del Banco Central. Desde entonces, el índice fue perforando de manera gradual el piso del 2% mensual.

El Gobierno, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), proyecta cerrar el año con una inflación cercana al 30%, por debajo del 31,5% de 2025 pero muy por encima del 10% que había previsto originalmente el Presupuesto 2026. La semana próxima, el equipo de Caputo deberá enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con los nuevos supuestos macroeconómicos.

"Este mes hice 1.880.000”, la confesión del imputado que menos ganaba con las pensiones truchas en Salta: Los médicos facturaban mucho más. Hugo Maza era una pieza clave en el mecanismo de pensiones por discapacidad falsas, sin embargo, no era el que más ganaba. Los profesionales estaban muy por encima: cobraban entre 300 mil y un millón de pesos por cada trámite. “Se va a hacer millonario”, vaticinó la secretaria de uno de ellos.

De un extremo a otro, el circuito fraudulento instalado en el departamento de Anta para aprovecharse del Estado y de miles de pobladores, muchos de ellos sumidos en la pobreza, es totalmente obsceno.

Casi a la par de la maquinaria ilícita de la que se valieron otros funcionarios públicos y políticos salteños para quedarse con la plata del IFE.

Un boceto del fraude, entre el gran cúmulo de evidencias y documentación reunida hasta el momento, se puede apreciar en el testimonio de la secretaria del médico Julio Augusto Ocampo, ahora dueño de una clínica privada en Joaquín V. González. “Te lo juro que me da bronca por la cantidad de gente que atiende Ocampo, se va a hacer millonario, encima no nos da ni para un agua”, aseguró la administrativa.

Y no es para menos, pues su propio empleador facturaba entre 100 y 200 mil pesos por el papeleo. “La consulta más lo que te tiene que llenar Ocampo, en total son $100.000” y “para hacer ese trámite, tenés que tener casi $200.000”

Un testigo de identidad reservada, sostuvo a la investigación dirigida por el fiscal general, Carlos Martín Amad, que los acusados “cobraban, entre 500 mil a un millón de pesos, y si tenía una verdadera enfermedad, mínimo $300.000 mil”.

En los pasillos del tercer piso del edificio de Deán Funes 190, dos exfuncionarios que ocupaban los más altos cargos del organismo tributario ejecutaban maniobras que hoy, más de diez años después, terminaron con el pedido de detención de uno de ellos. La solicitud emitida esta mañana llega tras un fallo de la Corte Suprema que terminó de enterrar uno de los últimos recursos de Rafael Resnick Brenner antes de enfrentar la cárcel, en una causa que incluye tres delitos. Entre ellos, el cobro de coimas en las oficinas de la ex AFIP de Salta.

A horas de conocerse que la Corte Suprema de Justicia rechazó las quejas de las defensas y dejó firme la condena contra Rafael Resnick Brenner, exdirector de la Regional Salta de la AFIP, la Fiscalía Federal a cargo de Carlos Amad pidió esta mañana su detención y traslado al Servicio Penitenciario Federal, según pudo saber Gente de Salta. El exfuncionario deberá cumplir una pena unificada de cinco años y seis meses de prisión.
La pena de prisión contrasta con una sanción económica mucho menor. La condena incluyó una multa de apenas 90 mil pesos para cada exfuncionario. El monto queda lejos de las cifras que atravesaron la causa. Según la acusación, a uno de los empresarios le exigieron 1,5 millones de pesos para mejorar su situación fiscal en 2015, mientras que en el tramo vinculado a Minera Santa Rita, en 2013, se investigó un presunto pago de 1,2 millones.

“Una vergüenza”, según el Fiscal Amad, aunque analizó que la medida tiene que ver con “la desactualización de las penas de multa del Código Penal”.

La decisión de la Corte fue adoptada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron las quejas presentadas por las defensas. Con ese rechazo quedaron firmes las condenas dictadas en 2023 por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta: Cuatro años de prisión para Resnick Brenner, como autor del delito de concusión, y tres años para Nicolás Antonio Fili, entonces jefe del Área Jurídica de la AFIP, considerado partícipe necesario de la maniobra. Ambos recibieron además cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

En el caso de Resnick Brenner, aquella pena fue posteriormente unificada con una condena anterior y quedó fijada en cinco años y seis meses de prisión. Fili, por su parte, había ocupado uno de los puestos clave de la estructura regional: Era jefe del Área Jurídica y, según tuvo por probado el tribunal, fue presentado por Resnick Brenner ante uno de los empresarios como su “hombre de confianza” para coordinar los pagos exigidos.

De un CUIT bloqueado a una denuncia dentro de la AFIP

La historia comenzó en 2015, cuando el empresario Freddy Rosario Tejerina atravesaba serios problemas tributarios y una de sus firmas, Wicap SA, tenía bloqueado el CUIT. En ese contexto mantuvo reuniones con Rafael Resnick Brenner, entonces director de la Regional Salta de la AFIP, quien le mostró información interna sobre su situación fiscal y, según la acusación, le ofreció una salida a cambio de 1,5 millones de pesos.

En una segunda reunión le presentó a Nicolás Fili, jefe del Área Jurídica, como su “hombre de confianza” para coordinar los pagos. La primera entrega, por 500 mil pesos, se concretó en agosto de 2015 y luego hubo una segunda. La tercera cuota nunca llegó a pagarse.

El vínculo se cortó en febrero de 2016, cuando Fili le comunicó a Tejerina que ya no podrían continuar con aquella protección porque Resnick Brenner había dejado la conducción regional. El caso llegó a la Justicia después de un cambio de autoridades dentro del propio organismo. Guillermo Andrés Oro asumió la Regional Salta en enero de 2017 y, durante revisiones internas, comenzaron a aparecer irregularidades de la gestión anterior. Tejerina terminó relatándole lo ocurrido y aportó mensajes y documentación. Oro fue quien presentó la denuncia penal en representación de la AFIP.

La investigación, sin embargo, no se agotó allí. También apareció un tramo vinculado a Minera Santa Rita SRL, cuyo origen se remontaba a 2013, cuando la firma solicitó un reintegro de IVA por exportaciones. Técnicos de AFIP detectaron inconsistencias en la documentación y pusieron bajo sospecha operaciones con proveedores vinculados. Pese a esas objeciones, el reintegro avanzó y la Fiscalía sostuvo que detrás de esa decisión habría existido un pago de 1,2 millones de pesos. Por ese episodio quedaron involucrados también Pablo Daniel Haddad, socio gerente de la minera, y Federico Guijarro Jiménez, contador de la firma.

La causa avanzó durante años hasta que, en noviembre de 2018, fueron detenidos Resnick Brenner y Fili. El juicio oral comenzó el 4 de octubre de 2022 ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, con Carlos Amad y Soledad Cabezas a cargo de la acusación. Durante las audiencias volvieron a declarar Tejerina y Oro, quienes reconstruyeron tanto los pagos como la forma en que la propia AFIP terminó denunciando a sus exautoridades.

​Resnick Brenner, exjefe regional de la AFIP en Salta.

En julio de 2023, el tribunal condenó a Resnick Brenner a cuatro años de prisión por concusión y a Fili a tres años como partícipe necesario. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, integrado por Domingo José Batule, Marta Liliana Snopek y Federico Santiago Díaz, absolvió a Resnick Brenner y Fili en los tramos por cohecho y defraudación y también a Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez respecto del capítulo vinculado a Minera Santa Rita. La Fiscalía apeló y en 2025 Casación mantuvo las condenas por concusión, anuló las absoluciones restantes y ordenó dictar una nueva sentencia.

Las defensas acudieron entonces a la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó ahora sus planteos, dejó firme la condena por concusión y mantuvo abierto el tramo de cohecho y defraudación. Más de diez años después de aquellas primeras reuniones, Resnick Brenner enfrenta el pedido de detención mientras el resto de la causa todavía espera una nueva definición judicial.

El antecedente de Ciccone

El nombre de Resnick Brenner ya había quedado ligado años antes a una de las causas de corrupción más resonantes del país. La maniobra del caso Ciccone comenzó en 2010, cuando la imprenta Ciccone Calcográfica atravesaba una quiebra y acumulaba una deuda millonaria con la AFIP. La acusación sostuvo que Amado Boudou y su entorno impulsaron una operación para quedarse con el control de la compañía a través de The Old Fund, lograr su salvataje y dejarla nuevamente en condiciones de contratar con el Estado para imprimir papel moneda.

Resnick Brenner intervenía entonces como jefe de asesores de la conducción de la AFIP. Su aporte estuvo concentrado en el tratamiento de la deuda tributaria de Ciccone: La Fiscalía sostuvo que participó de la estrategia para facilitar el levantamiento de la quiebra y se pronunció favorablemente dentro del organismo sobre un plan de pagos solicitado por la empresa. La acusación remarcó incluso que AFIP había pedido la quiebra de Ciccone en julio de 2010 y poco después modificó su posición, mientras Resnick Brenner impulsaba un trámite considerado inusual para analizar una salida fiscal favorable.

Por esa intervención fue condenado en agosto de 2018 a tres años de prisión en suspenso por negociaciones incompatibles con la función pública, además de inhabilitación. Años después, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta lo condenó a otros cuatro años por concusión en la causa de la AFIP local, ambas penas fueron unificadas en cinco años y seis meses de prisión.

Por Juan Ancalle- www.gentedesalta.com

A instancias de la Unidad Fiscal Salta, dos cazadores acordaron solventar la reposición de un sector del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento salteño de Anta, como medida alternativa para resolver el conflicto penal iniciado tras el ataque de sus perros a un oso hormiguero.

El acuerdo de reparación, homologado el viernes pasado por el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, fue presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Carolina Jorge, del Área de Casos Sencillos de la mencionada unidad fiscal.

En la audiencia ante el magistrado, la fiscalía explicó que las actuaciones se iniciaron a partir de un hecho ocurrido el 21 de junio pasado, entre los lotes 3 y 7 de la reserva, un área protegida en la que se encuentra vedada la caza y la depredación de fauna.

Durante un patrullaje habitual, los guardaparques Abraham Rojas, Jairo Palma y Soledad Rojas escucharon ladridos de perros y siguieron sus rastros hasta advertir que los animales entraban y salían del monte.

Al acercarse, encontraron a tres perros de caza que habían acorralado a un oso hormiguero de la especie myrmecophaga tridactyla (conocido también como oso hormiguero gigante o yurumí), que presentaba heridas provocadas por mordeduras. Los guardaparques lograron poner a los canes a distancia y al animal protegido a resguardo.

Poco después, localizaron a los propietarios de los perros, que se encontraban en las inmediaciones. Una vez controlada la situación, el ejemplar, de especial importancia para la conservación de la biodiversidad, se recuperó y se internó nuevamente en el monte.

Imputación y acuerdo de reparación

A partir del hecho, la fiscalía inició actuaciones por infracción a la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. En particular, la imputación se sustentó en el artículo 25 de esa norma, que establece una pena de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años para quien “cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.

La auxiliar fiscal explicó que los implicados (que son padre e hijo) habían ingresado ilegalmente a la reserva con fines de caza y que, por ese motivo, se formalizó la imputación penal en su contra.

Durante la audiencia, sin embargo, la fiscalía informó que las partes habían arribado a una solución del conflicto mediante un acuerdo de reparación.

En ese marco, los imputados se comprometieron a solventar la compra de los materiales necesarios para reponer un tramo del alambrado de la reserva, una necesidad que había sido informada por su intendente, Néstor Walter Sucunza.

La fiscalía solicitó además que, al momento de homologar el acuerdo, el magistrado dejara constancia de que los fondos aportados serían destinados a la Reserva Nacional Pizarro.

El juez consultó a los imputados sobre los términos del acuerdo. Ambos manifestaron su conformidad, al igual que su defensa. En consecuencia, el magistrado homologó la reparación acordada y les advirtió sobre las consecuencias de reincidir en una conducta ilícita.

El saencismo lo defendió en la Cámara de Diputados y brindó una entrevista a un medio capitalino que tuvo muchas repercusiones en la conversación de la globosfera regional.

Los que salieron a respaldarlo. El doctor conserva el carisma que le permitió ocupar cargos importantes en el escenario de la política. Fue intendente, presidió la UCR y en la actualidad es diputado provincial. Con 30 años de actividad supo ganarse el afecto de vecinos y vecinas que lo siguen acompañando, más allá de la cuestión electoral. El año pasado realizó una elección discreta, ocupando el tercer lugar.

La mayoría de los mensajes positivos que recibió destacan su trabajo de médico y su calidad humana.
La dirigencia mira hacia otro lado. En estos años hizo campaña con peronistas, radicales, renovadores, kirchneristas, saencistas, e incluso con Olmedo en 2007. De tantos nombres, todavía ninguno se manifestó públicamente apoyando su posible inocencia.

Cuellar lo definió como "un terremoto político". Quizá por esto, han elegido el silencio.

Fotos de Archivo- Artículo escrito por el profesor y periodista FERNANDO BARROS

En 2025 integró el Frente Salteño con los García, Moisés y Paco Pérez. A nivel local compartió lista con Luchín Sarmiento. De los mencionados, el intendente saraveño es el que más tiene contacto con la prensa.

Seguramente en algún momento hablará de la imputación de Orellana o de la audiencia multipropósito de un concejal de ese espacio que también tiene problemas judiciales.

Las redes son implacables. Sin intervención de los simpatizantes del Orellanismo, las redes se inundaron de memes y productos digitales que enterraron la figura del médico político. Con o sin razón, las redes no perdonan. Siempre que llovió paró, pero resulta complejo salvarse de un diluvio ¿Podrá el diputado salvarse de la opinión pública y de la opinión publicada? Además de la judicial, es otra batalla. Las dos están en curso y llevará un largo tiempo.

Lo que resultó llamativo es que a pesar de haber asegurado que en un par de horas se comunicarían con nuestra redacción, nunca lo hicieron. Luego de ese contacto vía WhatsApp, y ante el 'SILENZIO STAMPA' de la UFASTA, fuimos nosotros los que en reiteradas ocasiones le insistimos para que realicen su derecho a réplica, sin que jamás nos respondieran.

No es nuestro estilo tomar parte en ninguno de los conflictos que surgen a través de las publicaciones que realizamos, y en este caso tampoco haremos excepción alguna. Solo queremos dejar en claro como fueron ocurriendo los hechos, después, cada lector sacará sus propias conclusiones.

A los fines de poner el contexto adecuado, debemos precisar que, si bien Hugo Ernesto Barrios nació en Córdoba, sus raíces están en Joaquín V. González, ya que su mamá Rosenma (Ema) es la hija menor de doña Mulata González Medina y don José Alberto Ferro Podestá. Hugo es sobrino de: Osiris Alberto (oxidao), Hebe, Hada, Carlos Sixto (Cayetano) y Neit (Ramona).

Cabe destacar que a Hugo solo le queda la última materia de la carrera para obtener el título de MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO. La asignatura de la discordia es Matemática Aplicada, la cual rindió pero los exámenes fueron fraudulentos. Según relató a ZONA SUR SALTA, referentes de la UFASTA se ensañaron en ponerle 'palos en la rueda' para que no se reciba.

Es importante destacar que Hugo Ernesto Barrios es profesional aeronáutico y escritor. Como hombre de las letras publicó MENSAJERO DEL SOL que es una obra en formato digital, inédita en Salta y en el mundo. Entre otras cosas habla de Joaquín V. González y su fauna.

MENSAJERO DEL SOL hoy por hoy está publicado en todas las plataformas digitales del Mundo, incluyendo las más grandes como Apple Amazon Google, los chinos Kobo y Russia. Aunque resulte paradójico, en Inglaterra se usa en las escuelas como material didáctico en temas de cuidado del medioambiente.

Esperamos que este artículo contribuya a 'limar asperezas' entre las partes en conflicto, y que Hugo pueda seguir avanzando y creciendo sin pausas en todos los caminos que decida recorrer.

El golpe de Estado en Argentina de 1930 también llamada Revolución de 1930, derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, al Congreso Nacional y a doce de los catorce gobiernos provinciales (no fueron derrocados los gobiernos de San Luis y Entre Ríos), dando inicio al periodo conocido como «Década Infame» (1930-1943). Los miembros de la Corte Suprema (José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle y Antonio Sagarna) y el procurador general (Horacio Rodríguez Larreta), permanecieron en sus cargos y avalaron el golpe mediante la doctrina de los gobiernos de facto.

El golpe de Estado fue ejecutado por un grupo de militares y civiles encabezados por el teniente general José Félix Uriburu, quien estableció una dictadura, con apoyo de influyentes grupos políticos, empresariales y mediáticos.

​El golpe de 1930 fue el primero de una serie de golpes de Estado cívico-militares que interrumpieron los mandatos constitucionales hasta 1983, luego de que en 1912 se sancionase el sufragio secreto y obligatorio para varones.

Posición de los radicales

Hasta la aprobación de la Ley Sáenz Peña, la Unión Cívica Radical desarrolló una serie de acciones insurreccionales como la Revolución de 1890 y la Revolución radical de 1905, en la que junto a los militantes radicales participaron militares de carrera, siendo estos últimos jóvenes oficiales que habían pasado por la etapa de cadetes formados en una disciplina de obediencia a la prusiana.

En la rebelión que estalló el 4 de febrero de 1905, que llevó a la captura del vicepresidente y que estuvo a punto de triunfar, también participó una parte del ejército en unión con los sublevados civiles. En la concepción de Yrigoyen, los gobiernos del “régimen” eran ilegítimos y rechazaba el propósito del gobierno y del Estado Mayor de profesionalizar en forma estricta la institución, y para él, el militar era, ante todo, un ciudadano que tenía el sagrado deber de “ejercitar el supremo recurso de la protesta armada”, como rezaba el manifiesto del 4 de febrero. En conclusión, los radicales consideraban que los militares debían estar sometidos a los civiles, pero solamente a los que defendían, desde el gobierno o desde la oposición, al ideal democrático.

Con el fracaso del golpe de Estado de 1905, muchos militares perdieron sus carreras. No obstante, Yrigoyen seguía confiando en las fuerzas armadas al punto que convino con el gobierno en que de ellas dependiera el padrón electoral, e incluso pidió a éste que fuesen las mismas las que garantizaran la elección del gobernador de Santa Fe en 1912.

La elección de Yrigoyen como presidente
El 12 de octubre de 1916, Yrigoyen asumió la presidencia de la Nación. La oposición gobernaba diez de las catorce provincias, y tenía mayoría en la cámara de Senadores y en la de Diputados. La falta de audacia e imaginación política de Yrigoyen, cualidades que se hicieron más necesarias en el período de gran efervescencia social que le tocó gobernar, originaron en las clases adineradas y en amplios sectores del ejército una reputación de demagogo partidario de los trabajadores.

Contexto económico
Desde el final de la Primera Guerra Mundial, la posición del Reino Unido como potencia hegemónica en el campo de la economía mundial fue declinando, al mismo tiempo que era paulatinamente reemplazada por los Estados Unidos como centro económico y financiero. Respecto de Argentina, los productos industriales estadounidenses se adaptaban mejor a sus necesidades, pero los Estados Unidos eran, al mismo tiempo, su competidor en la producción agrícola y además iban incrementando sus medidas proteccionistas. De esta forma, el Reino Unido era su principal cliente para las exportaciones agropecuarias y la fuente de las libras esterlinas que, una vez convertidas, pagaban las importaciones de productos estadounidenses.

Los salarios reales disminuían desde 1914, el armisticio ocasionó la caída de los precios internacionales de los alimentos que el país exportaba, el número e intensidad de los conflictos obreros se incrementó al punto que la cantidad récords de días perdidos por huelgas en 1920 no fue igualado en las dos décadas posteriores. Si por una parte Yrigoyen mantuvo las leyes represivas de residencia y de seguridad social y en ocasiones utilizó fuerzas de la policía, la marina y el ejército para combatir huelgas, por la otra contribuyó, más por sus actitudes que por su política social, a afianzar en aquellos sectores descontentos de la burguesía y las fuerzas armadas la imagen de un demagogo que buscaba el apoyo de las clases “bajas”.

Entre 1922 y 1927 hubo una cierta bonanza económica en el país, que se comenzó a revertir a partir de 1928. Menos exportaciones, más gastos del Estado, menor tasa de interés, mayor salida de capitales ocasionaron un deterioro del valor de la moneda nacional que obligó a Yrigoyen a interrumpir en 1929 la convertibilidad del peso argentino. Esta medida significaba que el Estado no estaba más obligado a canjear pesos por el oro que le servía de respaldo. A invitación del gobierno llegó una misión comercial británica a la Argentina que llegó a un acuerdo que es un antecedente valioso del pacto Roca-Runciman: Argentina se comprometía comprar durante dos años los materiales e insumos para los ferrocarriles del Estado en el Reino Unido y este se obligaba a seguir las compras normales de carnes argentinas.

Enfrentamiento político
La Unión Cívica Radical asumía una forma de “religión cívica” y se identificaba a sí misma como una “causa” providencial y mesiánica que se oponía a “la oligarquía” que había gobernado hasta entonces. Se erguía como representante del “pueblo” o de “la nación”, un conjunto de ciudadanos con límites imprecisos, apoyada en la creencia imperante en grandes sectores de la población en la vigencia –real o imaginada- en los principios de la movilidad social y de las posibilidades de progreso individual.

Yrigoyen era la expresión máxima de esa ya había sabido despertar en la campaña electoral de 1928 una gran expectativa acerca de lo que podía realizar.

Los gobiernos de Yrigoyen y de Alvear fueron, junto con el de Urquiza, los que hasta 1930 más utilizaron la vía de la intervención federal (19 ocasiones). Todas las provincias –salvo Santa Fe- fueron intervenidas por lo menos una vez (algunas hasta 3 veces) durante el primer gobierno de Yrigoyen, lo cual “no deja de ser una paradoja: la principal fuerza propulsora de la democratización política apeló a una práctica institucional que, de hecho, ocluía la posibilidad de afirmar y profundizar la democracia…Por añadidura, cuando el radicalismo tuvo el control del Parlamento, básicamente el de la Cámara de Diputados, no vaciló en aplicar la ‘tiranía del número’ para rechazar los diplomas de legisladores representantes de la oposición e incluso cuando procedían de escisiones del tronco partidario, como en los casos de los elegidos por las producidas en Mendoza (lencinismo) y en San Juan (cantonismo)".

Segunda presidencia de Yrigoyen
En las elecciones de 1928 la UCR obtuvo el 61.68 % de los votos. El 12 de junio de 1928 se reunieron los colegios electorales y eligieron como Presidente de la Nación a Hipólito Yrigoyen y como Vicepresidente a Francisco Beiró, pero el fallecimiento de este último ocurrido el 22 de julio de ese año planteó una situación institucional inédita ante la cual se reunieron nuevamente los colegios el 6 de agosto y eligieron Vicepresidente a Enrique Martínez, quien había asumido el cargo de gobernador de la provincia de Córdoba el 17 de mayo de 1928, por lo que renunció a la gobernación. El día 12 del mismo mes la Asamblea Legislativa proclamó los resultados: 245 electores para Yrigoyen, 71 para Melo, 3 para Matienzo y 57 en blanco o anulados.

Los inicios de la crisis económica que desembocó luego en el crack de 1929 afectaron la economía argentina ocasionando un aumento de la inflación, una baja en el poder adquisitivo de los salarios y un menor gasto público y si bien no hubo una situación de conflicto social intenso como durante el primer mandato de Yrigoyen, decayó acentuadamente la adhesión al presidente. En un escenario político en el que tanto el oficialismo como la oposición tendían a construir identidades totalizantes deslegitimadoras del adversario, la crisis vino acompañada de una creciente tensión.

Entre 1928 y 1930 el gobierno trató de obtener más senadurías mediante métodos que incluyeron discutibles intervenciones federales a las provincias de Corrientes, Mendoza, San Juan y Santa Fe. Fue subiendo un clima de violencia comenzando por proclamas como la del antipersonalismo entrerriano que clamaba por un nuevo Urquiza capaz de derrocar al tirano Rosas y continuando con manifestaciones en las calles e incluso actos todavía más graves como el asesinato de Carlos Washington Lencinas en diciembre de 1929 –hecho por el que los lencinistas imputaron a Yrigoyen- o el frustrado intento contra el presidente que si bien fue ejecutado por un militante anarquista solitario fue atribuido desde el personalismo a los opositores. Durante las elecciones legislativas nacionales llevadas a cabo en marzo de 1930 tanto en la campaña electoral como los propios comicios hubo enfrentamientos armados con saldo de muertos, presiones policiales y maniobras de fraude. En las provincias de San Juan y Mendoza los interventores federales actuaron desembozadamente para obtener resultados favorables, en Córdoba la policía detuvo a fiscales opositores y después se denunció la presencia de urnas abiertas. La UCR en su conjunto no hizo una mala elección pero tuvo mucho impacto que en la ciudad de Buenos Aires triunfara el Partido Socialista Independiente, el Partido Socialista obtuviera el segundo lugar y los radicales salieran terceros.

En las sesiones preparatorias de la Cámara de Diputados la UCR impugnó los diplomas de los que habían sido elegidos por la minoría en las provincias de Mendoza y de San Juan, lo que provocó un debate político que ocupa casi todo el período legislativo de ese año, por lo que el Poder Ejecutivo recién en agosto pudo convocar a sesiones ordinarias.

Después de la elección, Yrigoyen tenía partidarios en la mayoría de las gobernaciones provinciales y mayoría propia en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores, en la que la oposición era mayoría, se convirtió en un obstáculo clave para las medidas propuestas por un Poder Ejecutivo que no pudo o no supo encontrar los medios para contrarrestar la declinación económica.

Crisis interna
El deterioro de la salud del presidente aceleró e incentivó las apenas disimuladas disputas entre colaboradores cercanos al mismo que pugnaban por su herencia política. Al mismo tiempo que eran conocidas las actividades conspirativas de civiles y militares que sin disimulo tenían reuniones, por ejemplo en la sede del diario Crítica o en la casa del general José Félix Uriburu, en el gabinete se configuraron dos tendencias: la encabezada por el ministro de Guerra general Luis Dellepiane, partidario de utilizar los recursos del Estado, incluida la fuerza, para desbaratar la conspiración, y la otra integrada, entre otros, por el vicepresidente Enrique Martínez, el ministro del Interior Elpidio González y el ministro de Relaciones Exteriores Horacio Oyhanarte, que quitaba importancia a esos hechos y consideraba preferible no irritar los ánimos. Yrigoyen, enfermo y recluido en su casa, fue convencido para adoptar esta segunda opción y el 3 de septiembre se conoció la renuncia de Dellepiane producida después que el ministro González desautorizara su orden de detención contra varios supuestos conspiradores.

La conspiración
Durante la primera presidencia de Yrigoyen las fuerzas políticas conservadoras no pudieron construir un partido que pudiera pelear electoralmente. Cuando pensaban que luego de la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear podrían impedir el retorno de Yrigoyen fomentando disidencias en la Unión Cívica Radical, la elección de 1928 les convenció de intentar el acceso al poder mediante otros medios. Agustín Pedro Justo, exministro de Guerra de Alvear, y los jefes que le eran adictos empezaron a conspirar esperando el desgaste del gobierno. A mediados de 1930 tomó contacto mediante intermediarios con el exdiputado conservador general José Félix Uriburu y un grupo de jóvenes deslumbrados por Mussolini,[cita requerida] entre los que se encontraba Juan Domingo Perón que también estaban conspirando. El objetivo de los dos movimientos era distinto ya que Justo se proponía desplazar a Yrigoyen y llegar a la presidencia con un frente de radicales antipersonalistas, conservadores y socialistas independientes,[cita requerida] en tanto Uriburu pretendía reformar la Constitución para establecer un Estado corporativo, con voto calificado y con un sistema de gobierno jerarquizado y autoritario; sin embargo, Justo aceptó la utopía de Uriburu sabedor de su poca habilidad política y obtuvo que se modificara la proclama para no asustar con sus sueños fascistas.

A fines de agosto la revolución en preparación se discutía abiertamente. El jurista y el político socialista Nicolás Repetto hicieron llamados infructuosos a la cordura [cita requerida]y sólo faltaba una chispa para completar la etapa prerrevolucionaria.

Nota sobre la muerte del entrerriano Juvencio Aguilar (4 de septiembre) en la revista favorable al golpe Plus Ultra de octubre de 1930.

El 29 de agosto en carteles aparecidos en las paredes de Buenos Aires la Liga Patriótica Argentina exigía la renuncia de Yrigoyen. Al día siguiente otros carteles, esta vez firmados como "Juventud Universitaria" exigían explicaciones al presidente sobre supuestas "alarmantes actividades bélicas". El 3 de septiembre se conoció la renuncia de Dellepiane, hubo algunas manifestaciones estudiantiles sin muchos concurrentes y el diario Crítica saca un titular a toda página: "La situación del país es una bomba que no tardará en estallar". El día 4 se repiten las manifestaciones, hubo un tiroteo frente a la Casa Rosada y muere un joven que se convierte en boca de los adversarios del gobierno en el "estudiante asesinado", o sea el mártir que les permite hablar de la "sangre derramada".

Yrigoyen, enfermo de gripe, el 5 de agosto delegó el cargo en el vicepresidente Martínez, quien suspende las elecciones en Mendoza y San Juan. El mismo día el brazo derecho del general Justo, el coronel Bartolomé Descalzo, se reunió con Uriburu para coordinar el papel de los civiles y este acepta que concurran a los cuarteles para procurar persuadir a los militares de unirse a la revolución.

El organismo estableció el marco regulatorio general y obligatorio para el uso, diseño, desarrollo y adquisición de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (I.A). Transitoriamente, prohibió el ingreso de datos sensibles en herramientas de acceso público.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó —mediante Resolución PGN N°64/2026— los “Lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, que son de aplicación y seguimiento obligatorio para la totalidad de las y los integrantes del organismo y dependencias con funciones de planificación, control de gestión o auditoría, en tanto evalúen o supervisen el uso de estas herramientas.

Este marco regulatorio fue elaborado en el marco del Programa de Inteligencia Artificial del MPF —creado por Resolución PGN N°14/2025— en base a los resultados del relevamiento institucional, publicado en agosto pasado, sobre conocimiento, uso y percepciones del personal sobre la utilización de esta tecnología. Tiene un doble objetivo: por un lado, establecer una guía general para orientar el desarrollo y uso confiable de IA en el Ministerio Público Fiscal y, por otro, consolidar un marco ético, jurídico e institucional que asegure que su incorporación contribuya a un servicio público de justicia más eficiente.

Principios rectores

Así, en un contexto de acelerada modernización y masificación tecnológica, la normativa fija los principios rectores que orientarán el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial (IA).
Esta tecnología se concibe como una herramienta complementaria que no puede reemplazar el juicio jurídico, la interpretación normativa, ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos. Por ello, resulta importante la adopción de medidas estratégicas para asegurar una adecuada y necesaria gobernanza tecnológica que garantice el control humano significativo en todas las etapas para el debido resguardo de derechos fundamentales.

Además, los lineamientos establecen, transitoriamente, la prohibición, de ingresar información reservada o de actuaciones de causas en trámite, datos personales y/o sensibles en modelos o herramientas de IA de acceso público, como son los chatbots abiertos, hasta tanto se regule su uso individual en el ámbito del MPFN.

También, la resolución define el procedimiento institucional para la incorporación de IA. En ese sentido, se estableció el circuito que deberán seguir las dependencias para canalizar sus necesidades, evaluar riesgos y determinar la factibilidad técnica y jurídica de nuevos desarrollos o adquisiciones, bajo la órbita del Programa de IA y el control posterior de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Nación.
Formación y desarrollo

La resolución dispone que la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, junto a la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI), diseñarán e implementarán un “Programa Permanente de Capacitación Práctica y Aplicada en IA”. Ello con el fin de formar a las y los integrantes del organismo en competencias operativas, la formulación de prompts (directrices para la generación de contenidos), la validación de resultados y la mitigación de sesgos.

Asimismo, se encomendó a la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías del organismo, el desarrollo progresivo de entornos y herramientas propias y seguras que permitan canalizar las necesidades operativas de las dependencias en materia de análisis de datos y la gestión documental, de acuerdo a los lineamientos aprobados.

Venta: Redacción (Arenales esquina Sargento Cabral) o Suscripción. Distribución Gratuita: Auspiciantes e instituciones públicas.